martes, 30 de junio de 2020

La “Libre Opinión” del Presidente VS. El INE como Vigilante y Guardián de la Democracia en México

Por Jorge Herrera Moreno 


Recientemente el país ha vuelto a vivir un desacuerdo con gran posibilidad a escalar en una pugna entre el representante del Ejecutivo Federal, presidente de la república mexicana en turno, el Lic. Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO) y el Organismo Público Autónomo el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE). Presentemos el problema de manera sintética y pasemos al debate jurídico, para así, hablar de derecho.

El día lunes 22 de junio de 2020, a través del ejercicio diario de rueda de prensa para la difusión de labores del ejecutivo federal en torno a asuntos de interés público, denominada “La Mañanera”, el titular del ejecutivo federal señaló que con motivo de las elecciones intermedias que vivirá el país en 2021, el propio Presidente de la República será el vigilante y celoso observador de este ejercicio democrático, descalificando al organismo Público Autónomo creado para tal objetivo, el INE, y señalando la existencia de complots y hasta actos de corrupción dentro del propio Organismo, así como asegurar que es el aparato institucional electoral más costoso del mundo.  Las elecciones intermedias representan la elección de 15 gubernaturas, 29 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos, de ello podríamos advertir que se trata de una elección, al menos para el Poder Ejecutivo, de lo más significativa al representar casi la mitad de los cargos del Poder Ejecutivo a nivel estatal y municipal. A raíz de los señalamientos públicos por parte de AMLO al INE, existieron algunas réplicas y contrarréplicas, en primer lugar, el INE explicó que la observación y vigilancia del proceso democrático corresponde a este organismo, a lo que el Presidente de la República respondió que “él conoce y acepta el contexto legal de la respuesta por parte del INE, que simplemente estaba haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión que constitucionalmente le asiste, y que además como ciudadano, él está facultado para en caso de conocer de un acto de corrupción que atente contra el proceso electoral del siguiente año, estará en la obligación de presentar la correspondiente denuncia”.

Ahora bien, analicemos el marco jurídico que envuelve la situación anteriormente descrita. En primer lugar, me gustaría abordar el Derecho a la Libertad de Expresión, pues es cierto que éste existe y se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Federal, AMLO como titular del Ejecutivo Federal no pierde su calidad como ciudadano mexicano, al contrario, esta se reafirma con los mismo requisitos constitucionales que para el propio cargo la constitución establece, por ello es evidente que todo el marco normativo en materia de Derechos Humanos le asiste a nuestro Presidente Electo, tal como le asiste a cualquier ciudadano mexicano. Ahora bien, como todo Derecho, este tiene un límite, límite que como consecuencia directa del cargo que AMLO tiene, se potencializa, y es aquí donde el Titular del Ejecutivo debe revirar respecto a los señalamientos públicos que detona, usualmente más no limitativamente, a través de su rueda de prensa diaria, pues el primer párrafo del artículo en comento establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público…” Es claro que los factores que intervienen en el presente desacuerdo son suficientes para poder temer de manera fundada una posible perturbación al orden público, primero, por lo que representa para la ciudadanía la figura del Ejecutivo Federal y al día de hoy, y sobre todo la figura de AMLO, por otro lado, el canal de difusión masivo que es la rueda de prensa diaria y las réplicas que todos los medios de comunicación en el país hacen de este ejercicio, también otro factor importante es que el señalamiento va dirigido a una institución, no sólo a una persona, en cuyo caso el impacto muy probablemente sería menor, pero al tratarse del Organismo Electoral jerárquicamente más relevante en el país, tiene como consecuencia directa un cuestionamiento incluso al mismo ejercicio democrático actual, lo cual puede generar un descontento social desinformado que altere el orden público en las siguientes elecciones intermedias e incluso antes.

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