miércoles, 21 de octubre de 2020

¿Están los generales acabando con el Ejército?


Por Jorge Herrera Moreno

A la luz de los recientes acontecimientos ocurridos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el jueves 15 de octubre de 2020 con la detención del ex secretario de Defensa de México el general Salvador Cienfuegos Zepeda existen múltiples interrogantes, pero una certeza total: independientemente del juicio que se desarrolle en próxima fecha y del resultado de la sentencia de la Corte que lo juzgue la percepción y la confianza de los ciudadanos mexicanos y de la comunidad internacional respecto al Ejercito mexicano se verá impactada.

El Ejército mexicano es sin lugar a dudas una de las instituciones del Estado que mejor posicionamiento tienen respecto de la percepción de confianza entre los mexicanos, esta aseveración encuentra sus bases según los datos que arroja la “encuentra nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública” realizada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), de los ciudadanos encuestados (es decir mexicanos mayores de 18 años) en cuanto a nivel de efectividad según el trabajo que desempeñan diversas instituciones en las áreas de seguridad pública y administración de justicia  el Ejército junto con la Marina son los dos elementos institucionales mejor posicionados con un 46.5% y 53% respectivamente, en este orden de ideas la percepción sobre la confianza que les inspira a los mexicanos encuestado de nueva cuenta lideran este rubro tanto el Ejército como la Marina con un 51.8% y 57.3%, además en cuanto a percepción e identificación de corrupción ambos elementos institucionales son los mejor posicionados al ser los menos señalados por los ciudadanos en este tópico.

De acuerdo a los datos presentados en el párrafo anterior la idea en retroalimentación con los datos duros es contundente: las Fuerzas Armadas de México son las instituciones del Estado con mejor percepción de la ciudadanía respecto de las funciones que les competen y las que desarrollan por decreto del Ejecutivo y más recientemente de acuerdo a lo dispuesto por la polémica Ley de Seguridad Interior sancionada por el poder Legislativo.

En este marco de ideas debo señalar que como mexicano es preocupante la percepción que la ciudadanía tenemos sobre las instituciones que se encargan de realizar tareas en temas tan relevantes para la vida en comunidad como lo es la seguridad pública, esto es consecuencia de los pobres resultados que nos arrojan las cifras en torno al combate al crimen organizado y los efectos colaterales que ello conlleva, bajo este tenor es que se legitima la certeza sobre el impacto que tendrá la detención del ex secretario de la Defensa Nacional por presuntos nexos y colaboraciones con el crimen organizado, a través de esta perspectiva el panorama es claro: independientemente del fallo de la Corte en Estados Unidos a cargo del “caso Cienfuegos” el resultado será inevitablemente un impacto negativo en la percepción social (colectiva e individual) de los ciudadanos mexicanos respecto de las instituciones de las Fuerzas Armadas mexicanas y su rol “principal” en el combate a la delincuencia organizada, ello sin tomar en consideración que el actual gobierno federal está depositando una confianza “extrema” a las fuerzas castrenses en tareas encomendadas por el Ejecutivo: desde la operación de los Bancos del Bienestar hasta la construcción de las obras más emblemáticas de este sexenio como el aeropuerto internacional de Santa Lucía o la operación portuaria en el país, lo cual a mediano plazo (largo plazo en el mejor de los casos) terminará por debilitar en gran medida no sólo al Ejército sino al dependiente gobierno actual y todas las áreas de éste último en donde la institución militar tenga un impacto en el desenvolvimiento de funciones.

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