por Jorge Herrera Moreno
Mucho se habla sobre las distintas virtudes que como ciudadanos gozamos al vivir en Estados democráticos, el emblema por excelencia en esta forma de gobierno es “la igualdad” como condición que nos permite a los individuos desarrollarnos dentro del conjunto social como iguales en entornos de pluriculturalidad, de distintos niveles socioeconómicos y hasta del género al que pertenecemos, factores que sin lugar a duda visibilizan de manera clara la forma en que se manifiesta y maximiza este principio fundamental y piedra angular en las sociedades contemporáneas.
Sin embargo, esta ventaja indiscutible dentro de la
forma de gobierno en comento parece cada vez más un espejismo producto de un
anhelo colectivo que una realidad tangible en las dinámicas sociales del
presente. Han transcurrido ya más de tres siglos desde que en la época de
la llamada Edad Moderna el
pensamiento de Jean Jacques Rousseau manifiesto en su célebre obra del Contrato Social presentó la disruptiva
idea (en su momento) sobre la soberanía
popular y el necesario plano de igualdad en la que esta se desenvuelve, y
así el transcurrir del tiempo en conjunto con las revoluciones sociales
venideras tuvieron un profundo impacto social que implantó y germinó la semilla
de la democracia a lo largo y ancho del mundo entero. Hoy en día con toda la
disponibilidad de información de la que gozamos existe una pregunta que es más
un reproche formulado dentro de un cuestionamiento muy legítimo para las
democracias: ¿realmente los ciudadanos
vivimos en un plano de igualdad?
La respuesta a la
interrogante clave para el entendimiento en los tropiezos del plano democrático
lamentablemente es un rotundo no. Sin entrar al plano natural entre la
imposibilidad fáctica de un reparto material igualitario de la riqueza, este
breve artículo tiene como finalidad poner
en tela de juicio el plano de desigualdad entre ciudadanos en su esfera de
derechos y condiciones producto del ejercicio mismo de estos derechos, en
este orden de ideas el ejemplo palpable
es la notoria desigualdad entre ciudadanos en base a su género (no es un
secreto pero quizá un tema un tanto incómodo y por consecuencia vedado de los
discursos políticos de nuestros representantes) que todas las democracias actuales (en mayor o menor medida) padecen de este mal pues el espejismo de
igualdad se desvanece en todos los ámbitos de la vida de las ciudadanas frente
a sus homólogos hombres, desde la esfera escolar, la laboral y hasta la seguridad
misma tienden a ser campos sociales restringidos o más limitados para la mujer.
En México los datos nos muestran un panorama desalentador
al respecto: de acuerdo al censo realizo en 2018 a
cargo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI) el
51.1% de la población mexicana está conformada por mujeres de las cuales solo
el 68.7% en edad para realizar su educación básica estuvo inscrita en el ciclo
escolar 2017-2018 (la educación básica contempla el prescolar, primaria y
secundaria de acuerdo a lo establecido por la Constitución Federal en su
artículo 3°), a este grave factor sobre la disponibilidad del derecho a la
educación para las mujeres se suma el campo laboral donde las cifras nos
muestran un panorama más sombrío pues en 2019 solo el 44.9% de las mujeres en
edad para ser económicamente activas se desempeña en una actividad económica
remunerada en contraposición con el
77.1% de los hombres en esta condición,
además en 2019 el promedio de ingreso mensual real para las mujeres
estadísticamente fue de $3,667.00 mientras que el del hombre fue de $4,437.00,
aunado a lo anterior y de acuerdo a datos del mismo INEGI en el grupo de
ocupación de la encuesta con mejor percepción económica por hora trabajada que es el de funcionarios y directivos de los
sectores público, privado y social las mujeres en este rubro tienen un ingreso
promedio por hora de $83.8 mientras que para los hombres en el mismo rubro se
arroja la cifra de $111.7.
En España la
situación no es muy diferente y prueba de ello es el reciente proyecto de
decreto del gobierno en mención, cuyo objetivo es la prohibición expresa de
desigualdad salarial entre géneros, de esta manera será obligación de las
fuentes de trabajo desarrollar y presentar un registro de sus salarios por
género. Y aunque pudiéramos pensar que la idea encierra un fin loable la
realidad nos exige a ser más críticos, en base a esto considero que la igualdad
que se busca entre hombre y mujeres no basta (y a mi juicio no es un buen punto
de partida) para materializar este deseable cambio se deben generar las
condiciones previas para hacer efectiva la prohibición legal de algo, nuestros sistemas en el poder público
están corrompidos y comprometidos por ideas obscenamente absurdas que buscan
construir prescindiendo de los cimientos mismos de su obra.
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