Violencia contra el Poder Judicial

Radiología del caso Villegas Ortiz

 

Por Francisco Roberto Ramírez-Ramírez 

El reciente acontecimiento en que perdieron la vida el Juez Uriel Villegas y su esposa la Señora Verónica Barajas ha conmocionado –nuevamente– al sistema de justicia mexicano, por el mensaje que ello implica, se trata de un acto que busca infundir miedo en quienes tienen la gran responsabilidad de la función judicial. Creemos necesario contextualizar este acontecimiento para poder comprender de mejor manera lo que de fondo implica, México atraviesa por una crisis de seguridad, fundamentalmente por todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada a la que se le declaró una guerra frontal en el año 2006, y que a la fecha no ha sino recrudecido la violencia en todo el país. 

Esta crisis de seguridad sucede por la creación de un estado paralelo, uno en el que también se ejerce el poder, pero con una finalidad distinta, que no es la administración de nuestra organización sociopolítica, sino el enriquecimiento de determinados grupos de poder por el tráfico de objetos hallados en vacíos de mercado; por ello grupos delictivos buscan acaparar territorios, producción, trasiego y venta de esos productos, sucede porque son productos ilícitos, que están fuera del marco de permisión que el derecho y el estado permiten, empero están en la demanda de consumidores, y ese vacío legal y de control los hacen muy rentables. 

Comprendido este concepto básico, podemos darnos cuenta que el grave problema de violencia que padece México, que amenaza de manera terrible no solo a los funcionarios judiciales que tienen que ver con los procesos judiciales contra aquellos involucrados en la delincuencia organizada, sino también a todos los miembros sociales, con recurrentes efectos expansivos en cada vez más y más áreas, y a través de más y nuevas formas, como el secuestro, la extorsión, la lucha de plazas y el enfrentamiento directo de grupos delictivos. 

Frente a esta situación llevar a cabo la función judicial es complejo, es incluso peligroso, pero es necesario, por ello coincidimos el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando que la actividad judicial seguirá adelante y no se detendrán, y no solo coincidimos sino que lo exigimos, pues todos los que de algún modo formamos parte del sistema de justicia también pasamos por algún riesgo, y sólo en la medida que redoblemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad podremos abonar a que las cosas mejoren, valga decir, además, que dicha responsabilidad no es exclusiva del sistema de justicia, ni mucho menos de los jueces, debe entenderse que el problema de violencia que padecemos es un problema multifactorial, iridiscente, y que como tal debería ser entendido y atendido, sobre todo apostando a proyectos a mediano y largo plazo unos que cambien nuclearmente la génesis de esta complicación y pueda mitigarla; aun y cuando sean menos rentables para el politiqueo y la popularidad de las administraciones públicas. 

En lo particular, frente al caso del asesinato del Juez Villegas Ortiz son muchas las incógnitas jurídicas y procesales que se nos presentan para poder enfrentar esta compleja labor; es indudable que cualquier diagnóstico sobre la violencia que se padece en México habrá de remitirse a sitios y momentos que no tienen que ver necesariamente con los procesos judiciales, pues como hemos dicho, este problema multifactorial es anterior al sistema de justicia, sin embargo, la labor judicial como punto de inflexión en que se ejercita el poder punitivo del estado parece hoy estar en crisis, y posibilita pensar en recursos diferentes para enfrentar y superar esta crisis, en otros lugares y otro tiempo se estiló enmascarar al juez para cubrir su rostro y con ello evitar el riesgo que puede implicar una decisión judicial, estrategia que se pensaría como pragmáticamente eficaz que, sin embargo, debilita la observancia irrestricta de las garantías de protección de Derechos humanos, que valga decir, todos, incluso los delincuentes, los tienen; y que no deben ser pretexto de ineficacias sino limites a arbitrariedad del poder del Estado, que como bien nos enseña la historia, también se ha exacerbado. 

Coincidimos con Ferrajoli cuando sostiene que en la era del mundo globalizado el Derecho penal ha entrado en una crisis, frente a determinados casos de delincuencia, el de la élite política, el de la élite económica y el de la delincuencia organizada y transnacional, y consideramos, en efecto, que urgen nuevas formas en que el Derecho penal responda a esas realidades, sin embargo, no puede hacerlo de manera regresiva en detrimento de la conquista de Derechos humanos y garantías para su protección; asimismo coincidimos en que urge –verdaderamente con carácter apremiante– ocuparse del fenómeno de violencia con actos de profundo calado, en todos aquellos espacios que lo demanden, el económico, el administrativo, el laboral, el social, y no sólo buscar recrudecer la violencia con la cólera creciente de la violencia institucional a través del derecho penal, que seguro estoy, no habrá de resolver tan compleja situación.