Atenas en el rompecabezas democrático constitucional actual: La crisis de la democracia mexicana a través del conflicto social entre extremos (el aborto como ejemplo por antonomasia).

 por Jorge Herrera Moreno 

El constitucionalismo actual es producto de la trayectoria misma en la historia de la humanidad, podemos rastrear los orígenes del concepto constitución desde la Grecia democrática del siglo V a.e. a través de la idea de politeía generada por Platón y continuada por Aristóteles, ambos pensadores de la época se vieron impulsados a generar este concepto debido a la decadencia de la propia sociedad griega y las implicaciones que ello tuvo en su forma de gobierno, no entraremos en detalles históricos, basta decir que la idea (en apariencia simple) tendió a buscar la unión y equilibrio social perdidos a raíz del creciente comercio griego y la brecha cada vez más notoria entre ricos y pobres que este fenómeno económico produjo.

Se hace necesario precisar en este punto del presente artículo que la idea de constitución griega dista mucho de la concepción que por constitución entendemos hoy en día, basta decir que para la sociedad clásica griega: constitución se refería más a un ideal o referente obligado para la dinámica de unión y equilibrio entre la misma sociedad de la época, los griegos conciben la indivisibilidad de la sociedad y el poder público, pues la toma de decisiones políticas relevantes siempre eran sometidas a la consideración de todos los ciudadanos. Actualmente nuestro sistema constitucional consagra la participación ciudadana sobre todo a través de la partición indirecta de la sociedad a través de representación elegida por voto popular, evidentemente esto es consecuencia directa de la misma dinámica social contemporánea y la imposibilidad fáctica de toma de decisiones políticas relevantes de manera directa por cada uno de los millones de ciudadanos que existimos en los Estados democráticos constitucionales actuales.

En el mundo contemporáneo podemos notar a simple vista la decadencia social y por consecuencia democrática en la que nos encontramos, de nueva cuenta los problemas del pasado, como si de un ciclo se tratara nos vuelven a encontrar, esta vez no solo es sobre un problema fundamentalmente entre clases sociales (que es evidente su existencia) sino a su vez se suman los constantes problemas en la lucha por la conquista de derechos humanos de las minorías o grupos vulnerables (si bien es cierto que muchos de ellos son detonados o exaltados por su condición socioeconómica, a este factor también se suman cuestiones de raza e incluso de género), un ejemplo palpable de ello es el actual movimiento por la despenalización del aborto, en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro celebrado el 28 de septiembre desde 1990 y que en pleno 2020 llega con más fuerza.

En México la violencia de género por la que atraviesan las mujeres ha motivado desde distintos frentes y movimientos integrados por ellas mismas constantes marchas y manifestaciones hacia la sistemática violencia que las aqueja a lo largo y ancho del territorio nacional, basta pensar en las alarmantes cifras que afectan a la sociedad femenina mexicana en delitos de alto impacto tales como violación o feminicidio. Aunado a lo anterior la institucionalización de la discriminación y violencia de género en el país es una realidad, prueba de ello es la postura que adopta el Estado desde distintos frentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre la prohibición del aborto a través del máximo recurso coactivo en un Estado de Derecho: la sanción penal, manifestando a través de esta acción el rechazo al reconocimiento de derechos de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y sobre su realización y libre desarrollo de la personalidad.

Actualmente las cámaras legislativas nacionales buscan impulsar distintos proyectos de iniciativa de ley sobre este tema, se busca generar mejores condiciones en la atención médica de las mujeres que requieran un procedimiento de aborto, sin embargo, estas iniciativas deben ser analizadas con cautela por la sociedad (pues, aunque pueda ser una buena intención legislativa, poca eficacia tendría en el “mundo real” donde se penalice esta conducta ante la imposibilidad que ello generaría en torno al acceso libre y oportuno al aborto), en el país la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades federativas que no sancionan penalmente esta conducta, por lo tanto serían las únicas entidades federativas en México que podrían echar a andar de manera integral (si se llegara a aprobar cualquiera de las iniciativas ya mencionadas) las mejoras necesarias en el sistema de salud pública para atender casos de aborto.

Son diversas las posturas que están en constante choque sobre el tema de la despenalización del aborto en México, aunque es evidente que existen 2 extremos opuestos en la sociedad, por un lado el sector social que busca la despenalización y por otro el sector social que defiende la existencia de la sanción misma, en este orden de ideas podemos observar un punto crucial en el tema: las facciones y la lucha que produce el enfrentamiento y conflicto entre extremos sociales tiende a generar un exaltado desequilibrio democrático que se topa con la imposibilidad de resolución a través de los mecanismos institucionales existentes, se requiere un esfuerzo de conciliación a través de la inclusión de mediación que genere la unión y equilibrio necesario en momentos de crisis.

Podemos concluir que el problema de génesis social podría resolverse de diversas maneras: desde la imposición del Estado para el reconocimiento de derechos de las minorías (lo cual a mi juicio debe de evitarse a toda costa por los múltiples y graves problemas que ello acarrea –para saber más sobre el tema aconsejo leer el artículo: “México a bordo de la tendencia prohibicionista en el marco de los Derechos Humanos”-) o a propuesta personal buscar la unión y equilibrio, como en su momento lo propusieron Platón y Aristóteles en la intensa crisis democrática griega del siglo V y IV a.e. provocada por el profundo conflicto entre extremos sociales. En México la propuesta en concreto podría traducirse en el acompañamiento continuo y efectivo por parte de las instituciones del Estado idóneas para esta monumental tarea, idóneas por el ámbito en el que se desenvuelven, tal sería el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas en el ámbito local, ello con el afán de generar un factor mediador institucionalizado que en el ámbito de sus atribuciones ayude a producir soluciones entre el conflicto de extremos sociales, materializando además en un dialogo continuo con los distintos Poderes del Estado dichas soluciones.