miércoles, 8 de julio de 2020

¿La pandemia que infectó a la enferma educación mexicana?


Por JORGE HERRERA MORENO 


*no contamos con los derechos de la imagen

Seamos honestos, la educación en México, desde su concepción, se gestó enferma y nació así, enferma. Para nada es sorpresa entonces, que el numeral constitucional que la consagra, el tan mencionado artículo 3°, haya sido objeto de constantes reformas y adiciones, sin embargo he de puntualizar que una ley o precepto constitucional que sea impactado por reformas o adiciones a su texto origen, de entrada, no revela una connotación negativa respecto a que la norma era deficiente, es más, como libre opinión de este redactor, podría expresar que el proceso de reformas y adiciones es completamente necesario en la vida jurídica de una norma, ello en atención a que, el derecho es un producto social y como tal tiene la virtud de ser dinámico, efecto de la misma transformación social. El caso del artículo 3° constitucional, es ejemplo de ello, sin embargo, en ese proceso virtuoso de adaptación a la realidad social, el derecho que aquí se consagra, la educación, de origen ha tenido un signo inequívoco de enfermedad legislativa, su ineficacia en el mundo real, en el hecho más allá del derecho…

Probablemente la educación es uno de los derechos humanos consagrados en la constitución más conocidos por la sociedad mexicana, y ello tampoco sorprende, pues en un proyecto de democracia constitucional como el mexicano, la consolidación de un estado de derecho con enfoque social a través del óptimo desarrollo humano, tiene como consecuencia perfilar a derechos como la educación, en herramientas primarias para lograr tanto el objetivo social como el individual de los mexicanos.

De entrada, podrimos asegurar una cosa, ningún gobierno desde que se constituye el estado democrático constitucional en México, a partir de 1917, ha podido hacer efectivo a nivel nacional el derecho a la educación con los matices y características tan relevantes que impone el constituyente y los demás cambios a través de reformas y adiciones, tanto del texto constitucional como de la propia ley reglamentaria en la materia, podríamos enunciar múltiples factores, pero lo importante en este ámbito como en mucho otros, es el resultado, y de este último poco ha habido.

Hoy, en pleno 2020, un factor que terminó por evidenciar la realidad educativa en el país, es la pandemia derivada del virus Covid-19, de la cual no solo se hizo notoria la crisis en salud a nivel Estado, otras como la económica y la educación también han hecho acto de presencia. Y es que, cualquier rubro de progreso en una sociedad, como la seguridad y la economía van de la mano con la educación, este derecho no solo dota de grandes contribuciones a la sociedad, sino que además impone grandes retos y obligaciones para cumplir. Para dar cuenta de ello analicemos el caso específico de las universidades públicas del país o como se le denomina en la constitución, educación superior. La educación superior en tiempos de covid-19 está terminándose de enfermar, pues la respuesta por parte del Estado en sus 3 órdenes (Federal, Estatal y Municipal) y las propias Universidades desde la autonomía que reza el arábigo 3° constitucional, es notoriamente ineficiente:

ü     Pretenden reconstruir un fallido modelo educativo a través de la tecnología del presente en una sociedad que por distintas causas vive en el pasado, desde los procesos de admisión hasta el desarrollo de clases, todo a través de formatos digitales que solo se puede permitir un sector de la población estudiantil por las herramientas que requiere este método educativo, lo cual ha puesto en evidencia, una vez más, la ignorancia de las autoridades gubernamentales e instituciones universitarias en todos los niveles.

ü     Aunado al factor del modelo selectivo de educación digital, que bien puede tener como consecuencia un alto porcentaje de deserción universitaria, se suma la crisis económica que incluso en las inscripciones o matriculas más “baratas”, pudieran llegar a ser prohibitivas para los sectores más vulnerables de la población que evidentemente son los individuos que ven asegurada su continuidad en su formación profesional a través de las instituciones públicas, pero que paradójicamente son el sector al que menos se le proporcionan las condiciones necesarias para ingresar y culminar su educación superior en el sistema de educación pública.

ü     Por si lo anterior no fuera ya alarmante, a estas condiciones adversas se suma la incapacidad del cuerpo docente para adaptarse a la modalidad virtual que pretenden las políticas educativas en el país, lo anterior puede explicarse por varias razones, una importante es el rezago tecnológico en el que vive un gran porcentaje de la población en edad adulta y que conforman el grueso del aparato docente en la actualidad.

Así pues podríamos concluir con la breve reflexión de lo imperante que es que todas las autoridades e instituciones que están enfocadas en materia educativa, revisen de manera concienzuda el universo normativo que rodea al derecho a la educación en México, y juntos, Estado y, en el caso del sistema educativo superior, universidades, entiendan y dimensionen el compromiso social que resguardan, pues el derecho a la educación es un derecho humano que es parte fundamental de la consolidación del proyecto democrático constitucional de 1917 vigente.

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