Seamos honestos, la educación en México, desde su concepción,
se gestó enferma y nació así, enferma. Para nada es sorpresa
entonces, que el numeral constitucional que la consagra, el tan mencionado
artículo 3°, haya sido objeto de constantes reformas y adiciones, sin embargo
he de puntualizar que una ley o precepto constitucional que sea impactado por
reformas o adiciones a su texto origen, de entrada, no revela una connotación
negativa respecto a que la norma era deficiente, es más, como libre opinión de
este redactor, podría expresar que el
proceso de reformas y adiciones es completamente necesario en la vida jurídica
de una norma, ello en atención a que, el derecho es un producto social y como
tal tiene la virtud de ser dinámico, efecto de la misma transformación social.
El caso del artículo 3° constitucional, es ejemplo de ello, sin embargo, en ese
proceso virtuoso de adaptación a la realidad social, el derecho que aquí se
consagra, la educación, de origen ha tenido un signo inequívoco de enfermedad
legislativa, su ineficacia en el mundo real, en el hecho más allá del derecho…
Probablemente la educación es uno de los derechos humanos
consagrados en la constitución más conocidos por la sociedad mexicana,
y ello tampoco sorprende, pues en un proyecto de democracia constitucional como
el mexicano, la consolidación de un estado de derecho con enfoque social a
través del óptimo desarrollo humano, tiene como consecuencia perfilar a
derechos como la educación, en herramientas primarias para lograr tanto el objetivo
social como el individual de los mexicanos.
De entrada, podrimos
asegurar una cosa, ningún gobierno desde
que se constituye el estado democrático constitucional en México, a partir de 1917,
ha podido hacer efectivo a nivel nacional el derecho a la educación con los
matices y características tan relevantes que impone el constituyente y los
demás cambios a través de reformas y adiciones, tanto del texto
constitucional como de la propia ley reglamentaria en la materia, podríamos
enunciar múltiples factores, pero lo importante en este ámbito como en mucho
otros, es el resultado, y de este último poco ha habido.
Hoy, en pleno 2020, un
factor que terminó por evidenciar la realidad educativa en el país, es la
pandemia derivada del virus Covid-19, de la cual no solo se hizo notoria la
crisis en salud a nivel Estado, otras como la económica y la educación también
han hecho acto de presencia. Y es que, cualquier rubro de progreso en una sociedad,
como la seguridad y la economía van de la mano con la educación, este derecho
no solo dota de grandes contribuciones a la sociedad, sino que además impone
grandes retos y obligaciones para cumplir. Para dar cuenta de ello analicemos
el caso específico de las universidades públicas del país o como se le denomina
en la constitución, educación superior. La educación superior en tiempos de
covid-19 está terminándose de enfermar, pues la respuesta por parte del Estado
en sus 3 órdenes (Federal, Estatal y Municipal) y las propias Universidades
desde la autonomía que reza el arábigo 3° constitucional, es notoriamente
ineficiente:
ü Pretenden reconstruir un fallido
modelo educativo a través de la tecnología del presente en una sociedad que por
distintas causas vive en el pasado, desde los procesos de admisión
hasta el desarrollo de clases, todo a través de formatos digitales que solo se
puede permitir un sector de la población estudiantil por las herramientas que
requiere este método educativo, lo cual ha puesto en evidencia, una vez más, la
ignorancia de las autoridades gubernamentales e instituciones universitarias en
todos los niveles.
ü Aunado
al factor del modelo selectivo de
educación digital, que bien puede tener como consecuencia un alto porcentaje
de deserción universitaria, se suma la crisis económica que incluso en las
inscripciones o matriculas más “baratas”,
pudieran llegar a ser prohibitivas para los sectores más vulnerables de la
población que evidentemente son los individuos que ven asegurada su continuidad
en su formación profesional a través de las instituciones públicas, pero que
paradójicamente son el sector al que menos se le proporcionan las condiciones
necesarias para ingresar y culminar su educación superior en el sistema de
educación pública.
ü Por
si lo anterior no fuera ya alarmante, a estas condiciones adversas se suma la
incapacidad del cuerpo docente para adaptarse a la modalidad virtual que
pretenden las políticas educativas en el país, lo anterior puede explicarse por
varias razones, una importante es el rezago tecnológico en el que vive un gran
porcentaje de la población en edad adulta y que conforman el grueso del aparato
docente en la actualidad.
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