Apuntes sobre Seguridad en México

 Por Jorge Herrera Moreno

Actualmente el Estado mexicano vive el aparente apogeo de una crisis en materia de seguridad pública que lleva décadas formándose, específicamente a través del fenómeno de crimen organizado, en donde incluso existe un debate en torno al problema, sus efectos y alcances, cuestionándonos si se trata realmente de un asunto de seguridad púbica o de seguridad nacional, si realmente es el apogeo de la crisis en seguridad o es apenas el comienzo, si existen soluciones definitivas a un problema estructural complejo y sobre todo desde que perspectivas se debe hablar de derecho en este tema.

Como primer apunte, es necesario entender la actual transición en la que aún nos encontramos en México, el camino de constantes cambios a los que nos enfrentamos al no estar consolidados como una democracia constitucional acarrea varios problemas, pues en México existe una fuerte presencia de un estado legal, denominado así por el gran papel que juega el legislador en la búsqueda de justicia a través de la conformación de leyes y normas que interactúan directamente entre el gobierno y los gobernados. Históricamente México tiene muy arraigado este fenómeno, y los problemas actuales que desencadena no son pocos, uno de ellos y el más importante para el presente tema, es el debilitamiento judicial que vivimos actualmente, resultado, precisamente, del papel central que desarrolló el poder legislativo en conjunto con el ejecutivo en la democracia mexicana, ello tuvo como consecuencia el adoctrinamiento de los operadores jurídicos nacionales a simples aplicadores de la norma, lejos del ideal de ser intérpretes de la misma, por lo anterior no extrañan practicas judiciales arraigadas a un sistema legal, que poca eficiencia muestran en resultados óptimos de impartición de justicia, pues durante muchos años carecieron de estructuras legales idóneas para operar, así mismo esto jugó un papel fundamental en la mermada educación judicial y en la percepción de una ciudadanía acostumbrada a la resolución de los problemas a través de la creación y aplicación de leyes y no de su interpretación, por lo cual no extraña el escepticismo y desconfianza de la ciudadanía hacia su poder judicial.

Hago esta nota sobre la consolidación de estado democrático constitucional en oposición a legal, porque actualmente gana fuerza en el debate de atención a la seguridad pública, en concreto sobre el tema del combate al crimen organizado, no dejando a un lado el quehacer legislativo que de suma importancia resulta, sino evitando prácticas legislativas que obedecen más a intereses partidarios de popularidad social, tales como el endurecimiento de sanciones penales o la creación de nuevos tipos penales, que poca eficacia ha mostrado en el mundo fáctico, en el mundo “real”, en los municipios y poblados carentes de la presencia de un estado de derecho que los proteja y gobernados por los intereses mezquinos de los grupos delictivos que operan con gran fuerza e impunidad en diversas narco-circunscripciones territoriales,  sino con una intervención oportuna, tanto en creación como en ejecución,  de políticas públicas con enfoque criminológico más “intenso”, de manera que a través de las distintas competencias y facultades de las esferas de poder estatal en México, se puedan atender las causas, generando así un efecto de prevención que tendría como consecuencia deseada una disminución del delito, que solo a través de acciones y no de buenas intenciones podremos llegar a consolidar los resultados que tan desesperadamente necesita la sociedad mexicana actual.