Consulta Popular Ciudadana: ¿el desgaste de la legitimidad social a causa del revanchismo político?

Por Jorge Herrera Moreno

Desde la llegada de la administración pública federal en 2018, encabezada por el titular del ejecutivo federal, cada vez son más comunes, por lo menos a propuesta del Presidente de los Estados mexicanos en turno, la realización de consultas populares ciudadanas como mecanismo de participación directa de la sociedad en temas de trascendencia nacional; hoy, el inminente tema a votar en la más próxima Consulta Popular, en la apretada agenda de la ciudadanía, es el posible enjuiciamiento de ex presidentes de la república mexicana. Por ahora, es un momento muy temprano, para incluso especular, sobre cuál sería la materia de estos juicios, los hechos, las pruebas, etc.; realmente nos encontramos en el panorama del Coliseo romano en todo su esplendor, al pueblo pan y circo. Sin embargo, no es un momento temprano para poner sobre la mesa de debate el tema de legitimidad en el mecanismo de consulta popular ciudadana y así Hablar de Derecho.

La Consulta Popular Ciudadana se integra en nuestro Estado Democrático desde 1983, en lo relativo al sistema nacional de planeación democrática y, a partir de 2012, en su amplia acepción como derecho ciudadano. Es a través de esta segunda acepción que el presente mecanismo de participación ciudadana tiene implicaciones en el actual desarrollo de toma de decisiones trascendentales para el país. La Consulta Popular Ciudadana la encontramos integrada a la Constitución Federal a través de su artículo 35, para ser precisos, en su fracción VIII y es justo en la Ley reglamentaria de este mecanismo que se exponen conceptos clave para su entendimiento, desarrollo y aplicación. De entrada, podemos señalar que la materia “restringida” sobre la que se puede tener injerencia ciudadana directa a través de este mecanismo es un tanto confusa, pues el concepto no está del todo delimitado, por interés trascendental del país pueden englobarse muchas situaciones, incluso algunas en las que no necesariamente sería lo más “sano” incluir la opinión directa del ciudadano en el debate democrático, lo cual puede parecer contradictorio a la idea misma de democracia, pero incluso, la legitimidad social puede tener desgastes, tal vez nunca cuantitativos, pues la construcción cuantitativa de la legitimidad democrática se construye en base a los números  que representan a la sociedad misma, pero a opinión particular de este redactor, si puede llegar a presentarse una situación de desgaste cualitativo para la sociedad en términos de legitimidad democrática, pues incluso la sociedad misma, como un conjunto conformada por individuos, no está ni cerca de estar exenta de cometer errores que provoquen un descontento o peor aún, un daño directo a una parte de la sociedad misma, lo cual tiende a provocar consecuencias directas tales como: descontento generalizado de uno o varios grupos integrantes de la misma sociedad, polarización y ruptura de la sociedad misma como estructura fundamental de la democracia y por supuesto una ilegitimidad sobre la toma de decisiones que tome un grupo “contrario” respecto del grupo social “opositor”.

Existirán incluso temas que puedan escapar a la capacidad ciudadana en general, es decir, existen temas de trascendencia nacional que requieren un conocimiento técnico del asunto a tratar y no puede colmarse este debate a través de opiniones ciudadanas desinformadas producto de la diversidad de roles que desempeñamos los ciudadanos, y donde, en la mayoría de los casos, aunque no lo queramos aceptar, nuestra capacidad técnica poco o nada entenderá de los puntos clave en el tema tan relevante a tratar, como un ejemplo reciente podemos señalar la pandemia desencadenada por el virus SARS-COV2, donde la Salud Pública evidentemente siempre será un tema de trascendencia nacional, sin embargo una abrumadora mayoría de ciudadanos, podamos aceptarlo o no, no tenemos las herramientas de preparación necesaria y suficiente para poder votar de manera informada sobre los mejores mecanismos para atender la emergencia sanitaria y evitar un mayor daño a la sociedad. Y aunque en el pensamiento colectivo ciudadano, la mayoría de nosotros pensamos en contraposición al ejemplo anteriormente expuesto que los servidores públicos que usualmente toman decisiones trascendentales como representantes directos o indirecto, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin estar necesariamente preparados para el debate técnico que algunas veces requerirán ciertos asuntos de trascendencia nacional, lo cierto es que ellos si pueden disponer de un cuerpo técnico de especialistas que les permitan tomar una decisión informada, recurso del cual prescindimos los ciudadanos en general.

Esta condición de “ilegitimidad parcial” ciudadana es mucho más evidente en el México contemporáneo sobre temas “políticos”, desde situaciones partidistas, donde involucrar a la ciudadanía probablemente no tenga un costo político alto de momento, pero definitivamente enfrenta a la ciudadanía, provoca ruptura y grupos ciudadanos fragmentados que terminan convirtiéndose en enemigos de las posiciones ideológicas de los que consideran contrarios a la propia religión partidista independientemente del tema que circule en el debate ciudadano.

Por lo anterior podemos tener a bien concluir que aunque respetamos y celebramos la inclusión de mecanismos directos de participación ciudadana, además del voto, como muestra de la madurez democrática por la que se encuentra México, reprobamos que se busque utilizar estos medios con fines políticos partidistas, por ello invitamos a la ciudadanía a atemperar los ánimos y sentimientos dominantes en la toma de decisiones trascendentes para el país, pues como ciudadanos de una democracia representativa debemos exigirle a nuestros representantes de los distintos órganos de gobierno, que los temas de revanchismo político en su agenda los asuman ellos mismos sin escudarse detrás de la sociedad y que a la ciudadanía nos dejen los verdaderos temas de real trascendencia social en los que podamos, por nuestras capacidades, ser pro activos en la construcción de un mejor país.